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Enrique M. Rovirosa

 

Muchos en México y en el extranjero pensaban que el asunto del desafuero del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), terminaría con la revisión de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados Federales. Esto, en virtud de que el argumento, además de no contar con elementos jurídicos suficientes que garanticen una consignación penal del líder perredista, constituye un asunto político que puede tener graves consecuencias para la vida política del país.

En este marco de referencia y contra los pronósticos, la sección instructora decidió por mayoría turnarlo a la Mesa Directiva de la Cámara para que ésta convoque al resto de los diputados a sesión plenaria y se instale como Jurado de Procedencia. Así, de conformidad a los procedimientos legislativos, el jueves o viernes de la próxima semana la Cámara habrá de resolver en forma definitiva si procede o no el desafuero.

Independientemente del resultado que arroje dicho proceso, la persistencia y formas que lo han caracterizado revelan dos cosas fundamentales: primero, que la democratización del país no sólo es incipiente sino que está en una posición sumamente endeble que pone en riesgo su continuidad en el futuro cercano y, segundo, que el Estado de Derecho del que tanto se pregona, dista mucho de ser real o estar medianamente a la altura de lo que la mayoría de los mexicanos deseamos.

Y es que por más que el Presidente señale que no descansará hasta el último día de su mandato para que en México se garantice el respeto y la aplicación de la Ley, pues no hacerlo significa dar cabida al desorden y la anarquía, la realidad que se vive diariamente dista mucho de sus buenos propósitos.

Es una verdad palpable para todos que en nuestro país no hay familia que no haya sido victima de hechos relacionados precisamente a la falta de respeto y aplicación de la Ley. Y esto no es cosa del pasado sino acto consuetudinario. También los es, que si se aplicaran las leyes con el mismo criterio, rigidez y perseverancia con que se ha perseguido a López Obrador, seguramente no habría funcionario público de primer nivel que se salvara de estar bajo proceso penal o de cumplir sentencia en la cárcel. Y es que las leyes se manipulan a tal extremo, que la falta justicia y la impunidad se han convertido precisamente en los principales reclamos de la sociedad, no sólo en cuanto a la delincuencia común sino aquella que ha permitido el enriquecimiento “muy explicable” de una cantidad más que impresionante de funcionarios públicos y gobernantes.

De ahí que la sociedad considere -por abrumadora mayoría según revelan distintas encuestas- que el juicio de desafuero contra el jefe de gobierno de la capital no es un acto de elemental justicia sino uno de carácter político, cuyo fin único es restarle toda posibilidad de ganar la contienda electoral presidencial del 2006. Sólo quienes se pasan de vivos o pecan de ingenuos insisten en afirmar lo contrario.

En este contexto, el desafuero se ha convertido en un episodio político con implicaciones económicas no sólo de carácter nacional sino internacional pues, además de las criticas que se han originado en distintos sectores del país, ha dado lugar a que se lancen alertas por parte de la agencia de investigación de los Estados Unidos conocida como la CIA así como por parte de dos de las principales corredurías financieras internacionales, sobre una posible inestabilidad social en el país.

El impacto final que habrán de tener estas opiniones sobre el comportamiento de las inversiones extranjeras a México, si bien no se conoce aún con detalle es innegable que se dará y que será negativo. La confianza es un elemento primordial en las motivaciones y preferencias de los inversionistas y si estos ven que los factores de riesgo aumentan, la experiencia nos enseña que serán más cautelosos al tomar sus decisiones.

El continuar con el proceso de desafuero demuestra una vez más que las ambiciones de la clase política mexicana están muy por encima del interés nacional. Y es precisamente esta postura la que incrementa los riesgos de que la sociedad, cansada de promesas incumplidas y de discursos agotados, opte por formas de protesta que rebasen las mejores expectativas de aquellos que buscan soluciones a través del dialogo y la negociación.

Viernes 1o. de abril de 2005.

 
 

    

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