Enrique
M. Rovirosa
Esta semana, durante su participación
en la edición 2005 de la Reunión
Nacional de Becarios Activos y Egresados "México
siglo XXI", mismos que son patrocinados
por Telmex, el destacado empresario mexicano,
Carlos Slim Helú, lanzó una severa
crítica por el despilfarro que se está
llevando a cabo de la riqueza petrolera del
país.
Al día siguiente, a pregunta expresa
sobre estas declaraciones, el vocero presidencial,
Rubén Aguilar, refutó los pronunciamientos
del empresario aduciendo que en la administración
del presidente Fox, como nunca antes, los ingresos
petroleros se han repartido hacia los estados
para el desarrollo de infraestructura.
La aseveración de Aguilar si bien resulta
cierta, también lo es que omitió
señalar que el 75% de los recursos petroleros
excedentes se van a un fondo de uso discrecional
y para el pago de deuda pública.
Pero independientemente del apoyo que se esté
dando a los estados vía ingresos extraordinarios
por la venta del petróleo al exterior,
es innegable que la mayoría de los mexicanos
opinamos que el gobierno -llámese federal,
estatal o municipal- si está haciendo
un uso deficiente de los recursos que tiene
a su disposición. Y si no, a manera de
ejemplos, ¿Cómo explicar el incremento
tan injusto y desproporcional que han tenido
las percepciones de los funcionarios públicos
a lo largo y ancho del país precisamente
a partir de la administración foxista?
o ¿Que justifica que se gaste más
en la realización de los procesos electorales
y en apoyo a los partidos políticos en
comparación a lo que se destina al combate
de la pobreza extrema?
Es cierto que la mayoría de los mexicanos
no entiende el manejo de las finanzas públicas,
pero también lo es que no se necesita
ser un experto en la materia para darse cuenta
que si los recursos se destinan al consumo y
no a mejorar y ampliar la infraestructura física
del país, tal y como sucede en estos
momentos, se compromete seriamente el bienestar
de las generaciones futuras.
La administración federal hace alarde
constante de mantener finanzas públicas
sanas. Esta aseveración, al igual que
otros logros que se anuncian, son verdades a
medias. Y es que sólo basta preguntarse:
¿Cómo puede haber finanzas públicas
sanas y a la vez empresas paraestatales y organismos
descentralizados en condiciones de quebranto
financiero? ¿Acaso éstos no forman
parte del sector público?
Pemex es caso ilustrativo de esta paradoja.
Sus ingresos significan alrededor del 10% del
valor del PIB, es la actividad número
uno en cuanto a la generación de divisas
extranjeras y aporta alrededor del 35% de los
ingresos del fisco y, sin embargo, la empresa
está a punto de la quiebra. Sus pasivos
suman más de 89 mil millones de dólares,
mismos que resultan superiores al valor de su
patrimonio, mientras que el 60% del valor de
sus ventas se van al fisco.
De acuerdo a informes de la paraestatal, las
reservas de petróleo económicamente
explotables y listas para ser extraídas
del país alcanzan para menos de 8 años
y advierte que en dos años más,
podríamos pasar a ser importadores netos
de crudo. Para revertir esta situación,
ha hecho énfasis en que se requieren
realizar inversiones por alrededor de 75 mil
millones de dólares en los próximos
años. Y que éstas tienen que hacerse
con recursos propios pues, su capacidad para
obtener fondos vía endeudamiento directo
y pideregas está prácticamente
agotada.
En el contexto anterior, para muchos está
claro que no sólo se despilfarran los
ingresos provenientes del petróleo, sino
que el manejo y administración de esta
actividad deja mucho que desear. Por ello, algunos
creemos que en un futuro no muy lejano, Vicente
Fox, además de ser recordado como "el
presidente del cambio" también lo
será como el principal responsable de
la ruina de Pemex.
Si bien es cierto que la extracción
de recursos en exceso de la paraestatal, vía
impuestos, se ha hecho para mantener el gasto
público en ausencia de una reforma fiscal
y que esto viene desde administraciones anteriores,
también lo es que el deterioro de la
empresa ya no puede atribuirse exclusivamente
a estos factores. Fox no supo convencer a sus
opositores políticos de realizar las
reformas a su tiempo, como tampoco ha sabido
explicar de manera clara y concisa a la sociedad
mexicana, la gravedad de las cosas. Por el contrario,
ha sido característica de toda su administración
el autoelogio en cuanto haber mantenido una
buena administración y finanzas públicas
sanas. En materia de petróleo, sin embargo,
las pruebas en sentido contrario resultan mas
que contundentes.
La recién reforma fiscal aprobada por
el Congreso, misma que permitiría a la
empresa sanear su situación en los próximos
años fue vetada por el propio presidente.
En estos momentos se desconoce en que términos
saldrá la reforma una vez revisada. No
obstante, es un hecho que lo que se apruebe
significará más consumo presente
en vez de futuro, es decir, dará más
opciones al Estado para efectuar gasto corriente
en vez de inversión.
En el quinto año de gobierno, en cuanto
a la situación de Pemex, el presidente
Fox cayó en la misma trampa que sus dos
antecesores. Prefirieron, como dice la expresión
popular, "patear el bote" en vez de
buscar soluciones de fondo.
Por lo anterior, a muchos nos gustaría
ver que más personajes de la talla del
Sr. Slim, tuvieran el valor civil de cuestionar
públicamente las decisiones que se están
tomado respecto al rumbo de este país.
El utilizar para el consumo los recursos escasos
de que disponemos, no sólo es una cuestión
de índole económica sino que pone
en entredicho la moralidad de quienes tienen
la responsabilidad de velar por el bien de las
generaciones futuras.
Viernes 9
de septiembre de 2005. |