| Enrique
M. Rovirosa
Si se dejan de lado las pasiones partidistas
y se recurre al uso de la razón, el recuento
de votos que pide el candidato presidencial
de la coalición “Por el Bien de
Todos”, Andrés Manuel López
Obrador, no sólo resulta explicable sino
a todas luces justificable.
Hasta ahora, según el conteo que se
efectuó en el seno del Instituto Federal
Electoral (IFE), el candidato del Partido Acción
Nacional (PAN) obtuvo una diferencia a su favor
de tan sólo 0.58 por ciento de los votos.
Si bien nadie puede negar que para ganar una
contienda electoral sólo se necesita
de un voto de diferencia, la verdad es que hay
elementos objetivos que pudieran revertir el
resultado que existe hasta ahora.
Y es que, aún si partimos del supuesto
de que no hubo ningún tipo de irregularidades
fraudulentas, desde un punto de vista meramente
estadístico, existe la posibilidad de
que la suma de errores involuntarios y sin dolo
por parte de los encargados del manejo de las
casillas, pudieran arrojar un resultado distinto.
Lo anterior lo saben perfectamente todos y
cada uno de los contendientes y, por ello, las
posiciones encontradas y extremas.
Desgraciadamente, las leyes que rigen a los
procesos electorales en nuestro país
no prevén este escenario. En otras naciones,
está contemplado realizar el recuento
de votos como algo normal en disputas cerradas
como la que acabamos de vivir e, incluso, llevar
a cabo una segunda ronda electoral al no haber
un ganador por mayoría absoluta.
Es un hecho que tendrá que hacerse una
revisión a fondo de la legislación
electoral actual; no obstante, mientras esto
sucede estamos ante la posibilidad real de que
las posiciones entre los adversarios se radicalicen
y lleven al país a un estado de enfrenamientos
violentos.
Está claro que a nadie conviene llegar
al punto anterior y por ello, la importancia
de que se encuentre un mecanismo legal y practico
que permita despejar todas las dudas que pudieran
existir. Si para ello se requiere del recuento
de los votos, pues que se haga.
No hacerlo y recurrir al pretexto de un respeto
al “estado de derecho” no es aconsejable
pues daría justificación a los
seguidores extremistas de López Obrador
o, a él mismo, para proseguir con una
lucha por medios no convencionales, llámese
de resistencia civil o de violencia.
Y es que no hay que olvidar que si existiese
un pleno estado de derecho en nuestro país,
por principio de cuentas, el Presidente de la
República, Vicente Fox, se hubiera abstenido
de intervenir –como lo hizo y lo sigue
haciendo- con discursos que descalifican y confrontan
a los opositores partidistas. Esto, además
de ser una actitud moral cuestionable va en
contra del juramento que hizo al asumir la primera
magistratura.
De igual manera, la dirigencia del PAN respetaría
las recomendaciones del IFE y esperaría
a que el Tribunal Federal Electoral terminara
de calificar el proceso electoral, antes de
insistir en que su candidato es ya el ganador.
En fin, si hubiera un verdadero estado de derecho
en nuestro país otra cosa sería
y no habría motivos para que los mexicanos
desconfiáramos de las instituciones,
al grado tal, como lo demuestran los hechos
diarios.
Esperemos que la razón se imponga y
logre disipar la tormenta que parece avecinarse.
Viernes,14
de julio de 2006. |
