Y si bien no se refirió al Tratado Bilateral
sobre la distribución de Aguas Internacionales
firmado en 1944 entre México y Estados
Unidos y a la Acta 242 que se adicionó
al mismo en 1973, éstos señalan
que ambos países “se consultarán
recíprocamente antes de emprender, en
el área fronteriza de sus respectivos
territorios, cualquier nuevo desarrollo de aguas
superficiales o aguas subterráneas, o
de emprender modificaciones substanciales de
sus desarrollos actuales, que pudieran afectar
adversamente al otro país.”
El reconocimiento de Luego Tamargo sobre los
efectos nocivos de la citada obra de revestimiento
además de “poner el dedo sobre
la llaga” como reza el refrán popular,
constituye una aceptación tácita
de la ineficiencia e ineficacia del gobierno
federal para defender nuestros intereses en
materia del preciado liquido.
De manera especifica, corresponde a la Secretaría
de Relaciones Exteriores la obligación
de vigilar y emprender las acciones necesarias
para evitar todo aquello que pudiese resultar
de perjuicio al país. Y si no lo hace,
como ha sucedido en el caso del Todo Americano,
existen responsabilidades que requieren ser
aclaradas y, en su caso, sancionadas.
La información que se tiene hasta ahora,
indica que la dependencia encargada de nuestro
trato con el exterior, no ha utilizado los recursos
a su disposición para evitar la citada
obra como es, por ejemplo, la protesta a través
de nota diplomática o, en su caso, el
acudir a organismos internacionales encargados
de dirimir los conflictos entre países.
Así, han pasado años desde que
se conoció del problema y las autoridades
no hicieron, y siguen sin hacer nada de trascendencia
al respecto.
Hasta ahora, las autoridades federales han
enfocado sus trabajos hacia la búsqueda
de paliativos de solución, que tienen
que ver más bien con acciones tendientes
a mitigar los efectos adversos del proyecto
más no evitar que éstos ocurran.
El CDEM inició su lucha legal en contra
del encementado del canal durante el gobierno
de Vicente Fox, lo que prueba que el Secretario
de Relaciones Exteriores en turno no hizo lo
que su cargo demandaba, pues dejó en
un organismo civil la defensa de los intereses
del Estado. Y en lo que va de la administración
de Felipe Calderón, las cosas no parecen
ir mejor: mucha retórica pero nula acción.
Bajo este estado de cosas, sería deseable
que el propio CDEM u otra organización
civil o política del país iniciara
una demanda, por la vía procesal que
corresponda, en contra de quien o quienes resulten
responsables; entre otros, por perjuicio y omisiones
graves en contra del patrimonio nacional, cargos
que están contemplados en la Ley Federal
de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos.
Ojalá y el entusiasmo que se tuvo para
arrancar el proceso judicial en contra del gobierno
norteamericano se repita y sirva para hacer
lo propio en contra de aquellos servidores que
ya demostraron haber incurrido, al menos, en
faltas administrativas por omisión y,
en un extremo, hasta en traición a la
patria.
Si deseamos en verdad vivir en un país
democrático y de leyes, necesitamos no
sólo exigir cuentas claras a quienes
nos gobiernan sino que se apliquen castigos
ejemplares cuando corresponda. Por el bien de
las generaciones futuras, los sucesos que se
han dado en torno al Todo Americano exigen que
así se haga.
Viernes,
11 de mayo de 2007. |
