Enrique M. Rovirosa

Desde poco antes de la caída del régimen soviético, los gobiernos de México han aceptado seguir las directrices que han dictado los organismos financieros internacionales en materia de política económica, lo que se ha traducido en una apertura comercial plena con el exterior, así como reducir la participación del Estado en la economía en aras de reducir -si no es que acabar- el llamado sistema de economía mixta.

Y como dijera el presidente George W. Bush en referencia a su política antiterrorismo, “He who is not with us is against us” (Aquél que no está con nosotros está en contra de nosotros).

Si bien el gobierno no ha acallado ni perseguido para encarcelar a quienes opinan de manera diferente, hay pruebas más que suficientes para afirmar que se ha adoptado una estrategia en los medios de comunicación masivos tendientes a minimizar y/o desprestigiar a quienes se oponen a estas políticas.

En el caso concreto de la privatización de Pemex, puedo decir que he seguido con detenimiento las noticias que se publican en los principales diarios del país, y mi percepción es que, por cada nota en contra de esta medida, se publican al menos diez que insisten en las ventajas que ello traerá al país.

Asimismo, hay una clara tendencia a asociar la oposición privatizadora a Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores, como si dicha postura fuera exclusiva de él o la izquierda mexicana, generando con ello un sesgo informativo que no corresponde a la realidad.

Mis observaciones anteriores no se limitan a los acontecimientos de los últimos meses, sino que se remonta a varios años. Estoy seguro, que si alguien hiciera el recuento estadístico respectivo, el resultado no sólo confirmaría mi cálculo numérico sino posiblemente, establecería que me quedé corto.

En el contexto anterior, está claro que el tema de la privatización de Pemex está atado tanto a intereses políticos como económicos, mismos que poco o nada tienen que ver con la búsqueda del beneficio general que tanta falta le hace a nuestro país.

No hay que olvidar que al petróleo no en balde se le ha llamado el “oro negro”. Es una materia prima peculiar, no sólo porque se localiza en zonas que pueden calificarse como privilegiadas sino también por actuar como la sangre con que funciona un país. Es un recurso no renovable, que se está agotando más rápidamente de lo que la mayoría percibe y constituye un bien insustituible en diversos procesos productivos, de ahí que las principales economías del orbe lo consideren como estratégico y de vital importancia para su seguridad nacional.

El estado de lucha permanente que ha caracterizado la vida diaria en el medio oriente desde la Segunda Guerra Mundial, tiene sus orígenes y permanencia precisamente en los intereses de países y corporaciones que buscan afanosamente el dominio sobre esta materia prima. La construcción de bases militares permanentes en esta zona por parte de los Estados Unidos de América es un claro testimonio de esta realidad.

En este estado de cosas, surgen muchas interrogantes como son: ¿Cómo es posible que nuestro país no sometamos a un análisis más inteligente el qué hacer con el petróleo?

¿Por qué limitarnos a una discusión simple y de visión cortoplacista sobre una supuesta falta de recursos para financiar operaciones de exploración y explotación?

¿Por qué no reconocer y evaluar el mal uso que se ha dado a los ingresos que ha generado desde que se le encontró en abundancia?

Y, sobretodo, ¿Por qué no plantear el cómo debe aprovecharse en el futuro para evitar que nuestro país siga inmerso en una estructura de desempleo permanente, misma que obliga a alrededor de medio millón de mexicanos al año a buscar sustento en el vecino país del norte, aun a costa de perder la vida?

Estas y otras cuestiones que se vienen a la mente no son fáciles de responder. Sin embargo, los economistas sabemos muy bien que privatizar una empresa estatal no necesariamente resuelve los problemas que tiene y, por el contrario, con el tiempo puede agravarlos.

No me mal interprete. Estoy convencido de que el sistema de libre competencia es lo mejor que tenemos hasta ahora. No obstante, no podemos pasar por alto la historia, especialmente aquella que demuestra que los monopolios y oligopolios, sean éstos públicos o privados, no forman parte de un mundo ideal. Y más aún, cuando dichos sistemas de competencia imperfecta responden a intereses extranjeros.

Si lo que buscan nuestros políticos con Pemex es repetir la experiencia que estamos viviendo con la banca privatizada, está claro que los problemas al que se enfrenta la paraestatal no se resolverán para bien.

Es un hecho que falta una propuesta que no sólo trate sobre la participación de los inversionistas privados en el sector energético sino que, de manera integral, esclarezca cual será el papel que tendrá la riqueza que genera este recurso en resolver las profundas desigualdades sociales que imperan en México. Asimismo, cómo habrá de explotarse en el horizonte de tiempo tan corto que se tiene en función de las reservas probadas y probables.

Este es el verdadero dilema al que todos tenemos derecho de saber cómo habrá de resolverse. Por ello, lo menos que podemos esperar es que nuestros legisladores no nos traicionen una vez más mediante una decisión tipo “fast track” en este tema de vital importancia para las actuales y futuras generaciones.

Viernes, 8 de febrero de 2008.