Enrique M. Rovirosa

El ataque contra la población civil efectuado la noche del 15 de septiembre en la ciudad de Morelia, con un saldo de al menos 7 muertos y más de un centenar de heridos, fue un acto de cobardía que todos debemos condenar.

No obstante, la urgencia con que las autoridades han apuntado de que se trató de una acción del crimen organizado, no deja de asombrar y ser motivo de suspicacia.

Si bien es cierto que existe el antecedente de que se recibieron amenazas de violencia “si el gobierno insistía en efectuar las festividades” patrias, hasta este momento no se tiene ninguna certeza de quién cometió el atentado ni por qué.

Pese a lo anterior, a pocas horas y desde el lugar mismo en que se perpetró el sangriento suceso, el Presidente Felipe Calderón aprovechó para hacer un llamado a la unidad de todos los mexicanos a la vez que calificó el crimen como un “reflejo de una situación límite que pone, desde luego, en riesgo la seguridad interior de la Nación y que demanda una respuesta de Estado superior a cualquier discusión política o de partido”.

Por otra parte, el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna aseguró que "Ante los actos de barbarie cometidos contra la población civil e indefensa en Michoacán no claudicaremos y, por el contrario, será motivo para mantener la ofensiva en contra de la delincuencia organizada".

A las declaraciones anteriores se sumó un día después la del embajador de Estados Unidos en México, Antonio Garza, quien señaló que el atentado no fue más que un acto de "narcoterrorismo" que viene a “…enfatizar el absoluto menosprecio que tienen los cárteles y el crimen organizado por la vida y los valores humanos”.

En este contexto, todos las voces oficiales apuntan a que se trató de un acto llevado a cabo por el crimen organizado lo que implica -quiérase o no- que ya se ha dado un sesgo a las distintas líneas de investigación que deben existir.

Si bien es cierto que al final de cuentas bien pudiera resultar que los responsables del crimen son efectivamente integrantes de una banda criminal, por principio, es prematuro descartar otras opciones. Y es que, aunque remoto, el ataque bien podría ser un acto aislado, cometido por malhechores sin ningún nexo con el crimen organizado. También existe la posibilidad de que sea una operación de algún grupo político subversivo. O bien, en caso extremo, tratarse de una maniobra planeada desde el extranjero.

Para quienes creen en las conspiraciones de Estado, este ataque permite dar “rienda suelta” a la imaginación. Más cuando existe una polarización social que condena la ineficiencia e ineficacia del Estado en el tema de seguridad pública. No hay que olvidar que hace menos de un mes, cientos de miles de mexicanos se manifestaron en toda la República bajo la consigna contra los gobernantes de todos los niveles: “¡Si no pueden, renuncien!”.

En este tenor, hasta en tanto no se tenga a los responsables del ataque, no se sabrá cuáles fueron las verdaderas razones para efectuarlo y las presiones contra los responsables de la seguridad nacional se extenderán.

Entretanto, algunos vemos el riesgo de que esta infamia se utilice como justificación para incurrir en acciones que perjudiquen las libertades individuales en aras de hacer patente la "fuerza del Estado".

Y para quienes dudan de esta preocupación, sólo tienen que revisar los videos que se han transmitido en las últimas semanas en los noticieros de la televisión mexicana, en los que se exhibe a presuntos criminales que “confiesan” de manera “espontánea” y “libre” su culpa ante las cámaras, lo mismo por dedicarse al narcotráfico que cometer innumerables secuestros.

Por supuesto, nadie pregunta el por qué han renunciado a su derecho de permanecer callados hasta recibir la asesoría legal que la ley les garantiza ni tampoco, cómo fue que se hicieron todas esas heridas y moretones que llevan visibles en cara y cuerpo.

La mayoría estamos de acuerdo en que el Estado mexicano utilice todos los recursos a su alcance para resolver las interrogantes que plantea el ataque en Morelia, pero también en que lo haga sin que cometa acciones autoritarias que violen las garantías fundamentales a las que todos tenemos derecho. La historia contiene muchos pasajes en los que se demuestra que es precisamente en momentos delicados como el que padecemos, cuando los gobernantes abusan del poder y atropellan los derechos alcanzados por sus ciudadanos.

Jueves, 18 de septiembre de 2008.