Enrique M. Rovirosa

Hace una semana, escribí sobre el enjambre de sismos que ha venido presentando el municipio de Mexicali desde el pasado 8 de febrero y las omisiones y corruptelas que quedan al descubierto a raíz de éstos.

En los días que transcurrieron desde entonces a esta fecha, los movimientos telúricos no han cesado y, según expertos en la materia, se espera que éstos continúen por varias semanas más. Así, el estado de nerviosismo que ha afectado a la mayoría de los habitantes de la región se mantendrá, hasta en tanto la madre naturaleza se apacigue.

Entre los movimientos registrados en la última semana, destacaron dos acontecidos el día 19 de febrero: uno de 5.0 grados Richter a las 14:41 horas y otro de 4.7 grados Richter a las 17:28 horas, según datos del Southern California Earthquake Center. Como en el caso de toda la actividad sísmica que ha venido presentándose, los epicentros estuvieron entre las fallas Imperial y Cierro Prieto al sureste de Mexicali.

De nueva cuenta, hubo pánico entre la población y las autoridades reunidas en el Consejo Municipal de Protección Civil decretaron, por segunda ocasión, suspender las actividades en todas las escuelas y en todos los niveles así como en las guarderías infantiles para el día siguiente.

También volvieron a desalojar el Hospital General, las oficinas del Palacio Federal y Legislativo así como otros edificios públicos.

Se dijo que la suspensión de actividades en las escuelas sería para hacer una revisión de las estructuras de los edificios, cosa que así se hizo al día siguiente según reporte de las mismas autoridades.

En mi opinión, las acciones anteriores demuestran falta de preparación de quienes están encargados de proteger a la sociedad.

Y es que, a raíz de la primera suspensión de actividades que se hizo la semana pasada por dos días, lo lógico era que se realizaran de inmediato los peritajes necesarios para determinar las condiciones en que encuentran todos los edificios escolares, guarderías, hospitales y otros, a efecto de tener una clasificación sobre éstos, digamos, de alto, mediano y bajo riesgo ante un sismo mayor.

Lo anterior, con el propósito de desalojar de manera permanente aquellos que no presenten las condiciones mínimas de seguridad ante un posible sismo de 6.5 o más grados Richter. También, para que las suspensión de actividades futuras sean selectivas y no generales, como hasta ahora.

A mi parecer, en vez de suspender actividades se debió implementar ya un programa intensivo de información y capacitación a la sociedad sobre el qué hacer en caso de un sismo. No hay que olvidar que los expertos en el tema señalaron con toda claridad desde que inició la actividad telúrica, que ésta perdurará por varias semanas. Asimismo, hicieron hincapié en que esta zona es de peligrosidad en este tipo de sucesos por lo que se debe estar mejor preparado.

Algunos podrán argumentar que las administraciones, tanto estatal como municipal, tienen pocos meses de haber tomado posesión y que la situación de temblores que se vive es atípica. Al respecto, mi respuesta es que este hecho no es justificación alguna, pues debe ser requisito indispensable que quienes ocupen un puesto público, cuenten con la capacidad y experiencia que el mismo exige o, en su caso, rodearse de quienes si la tienen.

Lo anterior es precisamente uno de los factores que nos lleva a muchos a abogar porque se instaure el servicio profesional de carrera en todas las ramas de gobierno y, con ello, se acabe con la practica de repartir puestos de primero y segundo niveles, en base a compromisos partidistas, pago de favores, nepotismo, etc.

Una de las cosas que ha llamado mi atención en estos días, ha sido la falta de opiniones críticas en los medios de comunicación al manejo de la situación que han dado las autoridades. Lo mismo puedo decir respecto a la postura adoptada por distintos representantes civiles. Así, pareciera que todos están satisfechos aunque en los pasillos, sean muchos los que dicen lo contrario.

A mi parecer, esta autocensura es más que alarmante pues hace que las cosas pierdan su real perspectiva y, con ello, se retrasen más las soluciones que urge aplicar. En una situación de riesgo como la que se vive y en la que está de por medio la vida de muchos, no se debe callar ante la ineficiencia y la corrupción de quienes deben vigilar por el bien común.

Viernes, 22 de febrero de 2008.