Enrique M. Rovirosa

Pocas veces incursiono en temas que puedan interpretarse como un confrontación personal. No obstante, dada la gravedad de la crisis económica que vive el país, he decidido hacer una excepción y correr los riesgos inherentes a quien se atreve a exponer públicamente sus opiniones.

Y es que considero que hay elementos más que suficientes no sólo para exigir la renuncia del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del Gobierno del Estado de Baja California, Alejandro Mungaray Lagarda, sino incluso, inferir que podría haber elementos de responsabilidad suficientes para emprender una denuncia formal en su contra ante autoridad judicial competente, por omisión de responsabilidades y abuso de poder, entre otros.

Los hechos que dan lugar al planteamiento anterior son los siguientes:

Durante meses, Mungaray Lagarda ha utilizado su cargo para minimizar y ocultar a la opinión pública, el impacto de la crisis económica en la entidad, llegando al absurdo de declarar ante los medios de comunicación no hace más de un mes, que el Estado registrará este año un crecimiento en su Producto Interno Bruto de cero a 3 por ciento. Esto, pese a que la mayoría de los indicadores económicos con que disponemos presentan un resultado negativo tal que hacen prever que habrá un decremento del PIB que podría llegar a -6 por ciento o más.

A mediados del mes de mayo pasado, surgió una controversia por declaraciones que hiciera el titular de la Sedeco, pues afirmaba que no se contaba con elementos para saber si el Estado de Baja California estaba o no en recesión. Al respecto, fui entrevistado por el periódico La Crónica y declaré que si un colega no podía distinguir las condiciones económicas en las que se encuentra el Estado debería renunciar, ya que es básico que lo sepa para que se apliquen las mediadas correctivas para salir adelante.

El tiempo ha transcurrido y pese a un compromiso del Ejecutivo Estatal con el sector empresarial, Mungaray Lagarda no ha presentado un análisis de la situación real que guarda la economía estatal, tal y como lo obligan las responsabilidades inherentes a su cargo. Por el contrario, se ha dedicado a presentar cifras sueltas con objeto de sustentar falsos argumentos de que todo va bien y que Baja California será la primera entidad en aprovechar los beneficios que traerá consigo la recuperación de la economía internacional.

En épocas de relativa estabilidad económica, la postura y declaraciones de Mungaray bien podrían tomarse a la ligera y hasta en tono de guasa, pero en las condiciones actuales resultan cosa muy seria, sobre todo porque han generado un daño patrimonial al Estado y a la Nación.

La falta de probidad con que ha manejado la información en su área de competencia, ha repercutido de manera grave en la conducción de los asuntos económicos de la entidad.

Por un lado, hay que mencionar a aquellos empresarios afectados en sus negocios al dejarse llevar por la postura oficial de que no hay recesión y que todo marcha bien. Por otro, y el más grave, el que no se haya advertido con tiempo a los responsables del manejo de las finanzas públicas, tanto en el propio gobierno estatal como en las administraciones municipales, sobre las consecuencias que traería consigo la contracción económica. Con ello, no sólo se retrasó la adopción de medidas emergentes de austeridad sino que se impulsó el continuar con un gasto corriente excesivo.

Las consecuencias de esta grave omisión están a la vista. De acuerdo a declaraciones hechas por altos funcionarios de las administraciones estatal y municipales, la recesión por la que atraviesa la entidad ha repercutido ya en un déficit de las finanzas públicas de alrededor de 1,550 millones de pesos (mdp), cifra que bien puede alcanzar los 2 mil mdp, si la tendencia de los ingresos continúa a la baja en los próximos meses, tal y como muchos suponemos que así sucederá.

La cantidad de 1,550 mdp se deriva de un déficit estimado en las finanzas del Estado por 800 mdp, más 450 mdp en las del Ayuntamiento de Tijuana, 200 mdp en Mexicali, 60 en Rosarito y 30 en los casos de Tecate y Ensenada.

La deuda directa total del Estado a julio de este año ascendía a cerca de 2.2 mil millones de pesos, lo que implica que al finalizar el año el monto del déficit del Estado y Municipios bien podría duplicar esta cifra. De ser así, pasará como un hecho insólito en la historia de la entidad.

El incremento en la deuda estatal tendrá muchas implicaciones negativas para el funcionamiento de las administraciones por venir. Y es que, si la tasa de interés a pagar por los empréstitos que habrán de contratarse es, por ejemplo, del 10 por ciento, se tendrán 200 millones de pesos anuales menos en el ejercicio presupuestal que bien podrían destinarse a programas de obra pública o apoyos sociales.

Obviamente, Mungaray Lagarda no es responsable de la baja en la recaudación que han registrado las finanzas estatales y municipales y que explica en parte el déficit público que se tendrá; no obstante, al negar y bloquear la alerta que dábamos algunos analistas desde finales del año pasado en torno al desplome que tendría en 2009 la actividad económica en la región, no ayudó –como su cargo lo demanda- a que se tomaran mejores decisiones relacionadas al gasto público. Y lo más condenable es que, todavía la semana pasada, insistía en que se han hecho bien las cosas.

En mi opinión, si Mungaray Lagarda tiene un poco de ética profesional debe presentar su renuncia de inmediato para que otra persona mejor preparada que él venga y exponga a la sociedad bajacaliforniana un panorama real de lo que ha sucedido y lo que puede esperar en los próximos meses.

Estoy convencido de que ha llegado el momento para que los mexicanos exijamos rendición de cuentas a los encargados de conducir los asuntos públicos del país. El daño patrimonial a la nación es un asunto que no se ha tomado en serio, siendo que en muchas ocasiones resulta más perjudicial que la suma de un sinnúmero de actos individuales de corrupción.

En verdad, lamento mucho que un economista a quien creí conocer y con la trayectoria de Mungaray Lagarda haya fallado en la forma como lo hizo. Pero el país no está para más contemplaciones. Es mucho lo que está en juego para callar y seguir permitiendo que los encargados de los asuntos públicos se mantengan en sus cargos bajo el velo de la impunidad. En una empresa, si un trabajador comete una falta grave, ésta procede de inmediato a darlo de baja. Es tiempo que exijamos lo propio a quienes están para servirnos.

Lunes, 7 de septiembre de 2009.