Enrique
M. Rovirosa
Una vez más, el gobierno del presidente Felipe Calderón ha dado
muestras de incompetencia y autoritarismo al promulgar disposiciones tendientes
a controlar los depósitos en dólares en las Instituciones financieras
nacionales con objeto de coartar aquellas que son procedentes de las actividades
ilícitas.
Si bien es cierto que nadie en su sano juicio puede estar en contra de que
se combata al crimen organizado, también lo es que dicha lucha tiene que
llevarse a cabo con estrategias y acciones que no sólo garanticen el éxito,
sino que lo hagan con un mínimo costo social.
Las autoridades se han olvidado de esta elemental premisa y han adoptado una
actitud de intransigencia que ya peca de enfermiza, pues es de sobra conocido
que la estrategia anticrimen ha demostrado ser ineficaz y estar encaminada al
fracaso. De nada sirve que expertos nacionales y extranjeros critiquen lo que
se hace. Para el Ejecutivo Federal, éstos últimos son los que están
equivocados. Si bien nadie puede descartar que así sea, las cosas se demuestran
con hechos y no con palabras.
Al presentar las nuevas reglas de operación para las transacciones
en dólares, el titular de las Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, Ernesto Cordero, señaló que en los últimos
años se registra un excedente de casi 10 mil millones de dólares
(mdd) anuales, cuya procedencia es difícil de explicar.
La estimación del responsable de las finanzas públicas se dió
días después de que se conociera el resultado de un Estudio Binacional
de bienes ilícitos, en donde se afirmó que entre 19 mil y 29 mdd
en efectivo, pasan anualmente de los Estados Unidos de América (EUA) a
México para sostener operaciones de las organizaciones criminales en el
tráfico de drogas.
Cuando leí las palabras de Cordero consideré que, de ser correcto
el monto de 10 mdd, se trata de un cantidad muy importante de dinero. Representa
casi la mitad de lo que el país recibe de Inversión Extranjera Directa
o la mitad de lo que remiten los mexicanos en el extranjero a sus familias en
México. Asimismo, equivale a la cuarta parte de los ingresos por exportación
de petróleo.
Si a la cifra anterior se le aplica un efecto multiplicador en la economía,
digamos de 1.4 veces, los diez mil mdd se convierten en un monto equivalente a
14 mil mdd.
Inmediatamente se me vino a la mente la siguiente pregunta: ¿Acaso
el gobierno pretende que deje de ingresar a la economía este caudal de
recursos “de golpe y porrazo”? Si es así, ¿Ya
estudió bien las consecuencias que esta medida traerá?
Para mi resulta obvio que no se ha hecho ningún análisis al
respecto, pues de ser así el gobierno no estaría actuando como lo
hace. Más cuando apenas empezamos a salir de la recesión económica
más profunda que se haya registrado en la historia moderna.
Se estima que crear un empleo en México requiere de una inversión
aproximada de 3 millones de pesos. Catorce mil millones de dólares -a un
tipo de cambio de 12.50 pesos por unidad- equivalen a 175 mil millones de pesos.
Esta cifra en términos de empleos, equivale a generar alrededor de 58 mil
plazas anuales. En un país que apenas puede crear 600 mil, estamos hablando
de restringir casi el 10 por ciento de los empleos anuales.
Todo gobierno está más que obligado a no tomar decisiones a
la ligera. De ahí que todos aquellos que han manifestado su apoyo incondicional
a la decisión de las autoridades centrales, deberían de tomarse
un tiempo para encontrar respuestas a las interrogantes que surgen del análisis
anterior. Más cuando muchos de los dólares en cuestión, circulan
fundamentalmente en las franjas fronterizas. Esto implica un efecto más
concentrado en las economías de los estados del norte del país,
independientemente de los problemas logísticos que las medidas de control
habrán de significar en la vida diaria de los negocios.
Otra cuestión que queda pendiente de análisis es lo relativo
a que va a suceder con los dólares que no se acepten en la banca mexicana.
Dado que una gran parte de ellos se manejan en la zona fronteriza norte y dada
la permeabilidad de las operaciones que existe entre ambas fronteras, se sabe
por experiencia, que muchos de ellos van a regresar a los bancos norteamericanos
mediante operaciones hormiga. Es decir, muchos mexicanos van a optar por depositar
los dólares que reciben en México en la banca estadounidense, al
no existir restricciones de llevárselos salvo el de declarar ante las autoridades
migratorias de ese país cuando lleven más de diez mil dólares
en efectivo.
Lo anterior da lugar a especular sobre si la medida que está adoptando
el gobierno mexicano no es a instancias de las autoridades norteamericanas, a
quien por cierto no le cae nada mal que regrese a ese país gran parte del
dinero ilícito que ahora beneficia a México.
La experiencia internacional indica que todos los gobiernos se enfrentan a
problemas derivados de lavado de dinero, aún en los propios EUA. Sin embargo,
no vemos que en ese u otros países se adopten medidas tan radicales como
las que pretende el gobierno mexicano.
Los gobiernos de otras naciones, antes de actuar en ese sentido, estudian
las consecuencias que pueden traer sus actos. De ahí que cuando se deciden
a hacerlo, por lo general recurren a acciones graduales que van ajustando de acuerdo
a las circunstancias. Y es que, como dicen los médicos, “hay que
combatir la enfermedad, pero sin matar al paciente”.
Por lo visto, el gobierno de Calderón no entiende. Se fue con todo
contra el crimen organizado, sin medir las consecuencias de poner al ejército
al cargo de una operación para la que no está preparado. Implementó
el programa SIAVE, sin estudiar sus efectos sobre la as actividades comerciales
y turísticas en la frontera. Y ahora, implanta un control sobre depósitos
en dólares sin que tampoco haya hecho estudios sobre sus efectos perniciosos
en la economía regional y nacional.
De ahí, que es necesario que todos los sectores, particularmente los
que operan en la franja fronteriza, levanten la voz y exijan de todas las autoridades
involucradas responsabilidad y transparencia. Esto, con la finalidad de que hagan
publica la evaluación de los efectos que tendrá la medida en la
economía regional en el corto, mediano y largo plazos.
Viernes, 18 de junio de 2010. |