| Enrique
M. Rovirosa
El accidente que sufrió un autobús en La Rumorosa en la carretera
entre Tecate y Mexicali el pasado 2 de enero, con un saldo de 14 muertos y 21
heridos, puso nuevamente los reflectores sobre las condiciones de abuso a que
son sometidos los jornaleros agrícolas en nuestro país. En esta
ocasión se trató de personas que trabajaban en San Quintín,
lugar que ha creado fama por emplear jornaleros -en su mayoría oaxaqueños
de origen mixteco y zapoteco- en condiciones que violan la Ley Federal del Trabajo
y con el aparente aval de las autoridades.
Por años, los contratistas han transportado familias enteras desde
sus comunidades en Oaxaca y otros puntos del país a los campos agrícolas
de San Quintín. Se tienen reportes que los viajes, que deberían
tener una duración de tres días, se prolongan al doble por las malas
condiciones de los autobuses.
De acuerdo a denuncias de diversas organizaciones defensoras de los Derechos
Humanos, los labradores son sometidos a jornadas de trabajo de 10 horas o más
aunque sólo se les pagan ocho, sufren hacinamiento en los galerones donde
se les hospeda y los servicios médicos –cuando se los proporcionan-
dejan mucho que desear.
Y lo más grave, agregan, es el empleo de infantes.
En el estudio “Trabajo infantil y migración en el Valle de
San Quintín”, realizado por Mercedes Gema López Limón,
investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California, se estima
que en la época más demandante de mano de obra llegan a esta localidad
alrededor de 40 mil jornaleros de distintos puntos del país. De este total,
40% son mujeres y 33% son menores de 15 años.
Las autoridades laborales tanto federales como estatales niegan que las imputaciones
anteriores sean ciertas.
El Secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado,
Renato Sandoval Franco, a raíz del accidente en La Rumorosa, negó
el maltrato a los jornaleros y afimó: “A mí me consta
que es un mito y desinformación que los jornaleros en San Quintín
se encuentran en condiciones laborales malas”. Y añadió
que la Dirección del Servicio Estatal del Empleo se esmera en conseguir
que los trabajadores cuenten con contratos antes de venir, así como con
un seguro de vida en el traslado.
Las aseveraciones del funcionario, lejos de ayudar a despejar las denuncias,
se han tomado como contubernio con los patrones explotadores, o a un desconocimiento
de lo que ocurre en los campos agrícolas. En opinión de Víctor
Clark Alfaro, antropólogo y director del Centro Binacional de los Derechos
Humanos en Tijuana, el percance en La Rumorosa debería servir para impulsar
una investigación a fondo sobre las condiciones en que viven y trabajan
las familias jornaleras en San Quintín.
Más cuando, de 12 familias que son señaladas como responsables
de dominar la actividad agrícola en esa localidad, destacan las del secretario
de Fomento Agropecuario del Estado, Antonio Rodríguez Hernández
y del ex diputado federal panista Antonio Valladolid.
En principio, percibo muy difícil que la recomendación para
que se haga una investigación prospere, pues además de los intereses
económicos y políticos que existen, es un hecho que en las administraciones
de Vicente Fox y Felipe Calderón el respeto a la Ley Federal del Trabajo
no ha sido una prioridad.
Prueba de esto último es que, ante la falta de consensos en el Congreso
para “flexibilizar” el citado ordenamiento, las autoridades
han permitido el incremento explosivo de las contrataciones laborales vía
la figura del “outsourcing”, sin importar que ello representa una
bomba de tiempo para las finanzas del país y el deterioro de las condiciones
laborales para cientos de miles de trabadores.
De acuerdo a José Luis de la Cruz, investigador del Departamento de
Finanzas y Economía del Tecnológico de Monterrey, actualmente entre
30 y 40% de los trabajadores que laboran en el sector de actividades financieras
es contratado a través de dichas empresas, mientras que en el sector de
servicios este porcentaje representa del 20 al 30 por ciento. Destaca que este
tipo de contratación, al evitar el otorgamiento de prestaciones a los trabajadores
facilita la evasión en el pago de impuestos y las aportaciones al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda
de los Trabajadores (Infonavit), entre otras.
Estimaciones conservadoras sobre el impacto negativo que tenía el outsourcing
en el pago de cuotas obrero-patronales para el IMSS lo ubicaban en 40 millones
de pesos diarios. Esto, antes de la reforma a la Ley del IMSS (publicada el 10
de julio del 2009) relativa a la contratación de servicios de terceriarización
o externalización (outsourcing).
Cabe destacar que si bien las modificaciones a la Ley del IMSS pretenden resolver
el impacto negativo que se venía dando en sus finanzas, éstas no
resuelven el problema de pérdida de derechos que el outsourcing genera
a los trabajadores.
Dentro del sector financiero, la banca está dominada por empresas extranjeras.
Comparativamente a sus matrices, sus resultados financieros en México han
sido extraordinarios en los últimos años. No obstante, en el periodo
comprendido entre enero y septiembre de 2009, de los 8,690 puestos que crearon,
4,054 (47%) fueron a través de outsourcing.
Resulta obvio que una cantidad importante de dichos puestos corresponden a
actividades que no justifican su externalización. Y, por ende, que con
dicha práctica la banca violenta la ley laboral.
Asi, cabe preguntar: ¿No que en México se respeta el Estado
de Derecho?
Me queda claro que si los bancos pueden actuar de la manera como lo hacen
en lo laboral, sin que el gobierno intervenga para poner orden, es poco lo que
se puede esperar que haga tratándose de las violaciones que se cometen
en contra de los jornaleros agrícolas. Situación lamentable, pero
así se maneja la política laboral hoy día.
Lunes, 18 de enero de 2010. |
