Enrique M. Rovirosa

Los políticos mexicanos insisten en que es necesario implantar en el país la reelección, tanto para legisladores como presidentes municipales. Y manifiestan como principal justificación que, aparte de que es algo común en casi todas las democracias del mundo, ello haría más profesional el trabajo legislativo y permitiría aprovechar mejor las experiencias adquiridas.

En el caso especifico de los alcaldes, agregan que tres años en el puesto apenas son suficientes para que éstos adquieran la experiencia y conocimiento necesario para desempeñar sus funciones por lo que, un periodo más para aquellos que demostraron ser buenos gobernantes, sería de mucho provecho para la sociedad.

Si bien hay mucha verdad en estas afirmaciones también lo es que, como en muchas otras cosas que se dicen en nuestro país, es una verdad a medias. Y es que el problema de las malas administraciones municipales no radica necesariamente en falta de experiencia de los alcaldes sino, la mayoría de las veces, en la falta de conocimiento y probidad de quienes los rodean.

En Baja California, al igual que en otras partes del país, resultaron electos para presidir los dos principales municipios del estado dos candidatos de partidos de oposición. Tanto en Mexicali como en Tijuana, los candidatos del PRI habrán de sustituir -a partir del primero de diciembre próximo- a alcaldes del PAN. Este cambio, además de tener una gran trascendencia política, pues el PAN había gobernando a Tijuana durante los últimos 15 años y a Mexicali en los últimos 9, tiene un impacto de carácter económico que pocas veces se discute por no ser de interés para los partidos políticos.

Por lo general, cuando se da un cambio de administración entre miembros de un mismo partido, la mayoría de las personas que integran las estructuras administrativas repiten en sus cargos, con la salvedad de los que ocupan los primeros y algunos de los segundos niveles. Sin embargo, cuando se da un cambio como el que viene ahora, es ya tradición en nuestro país que las permutas lleguen a todos los niveles. Y lo mismo afecten a directivos que a personal sin ninguna jerarquía, salvo el hecho de ocupar plazas de confianza.

En el caso concreto de Mexicali, en esta semana, el oficial mayor saliente ha informado que darán de baja a 160 personas -entre directores, coordinadores, jefes, subjefes y otro personal- a solicitud de la administración entrante.

Por otra parte, se ha hecho del conocimiento público que al menos 70 empleados del DIF municipal han creado un sindicato para buscar su base y con ello, protegerse del cambio de administración y no perder sus empleos.

Estas dos informaciones revelan que podrían darse más de 230 cambios de personal en la administración municipal de Mexicali.

Por su parte, informes preliminares señalan que bajo este tenor en Tijuana podrían darse sustituciones en más de 400 plazas.

Lo primero que salta a la vista de estos canjes se refiere al costo que la acción tendrá sobre las finanzas públicas pues aunque se trate de personal de confianza y haya quienes cuestionen la moralidad de indemnizar a los que salen, la ley es muy clara al respecto y debe retribuirse a quien es despedido de su trabajo. Así que la remoción de mas de 600 elementos en ambos municipios resultará en una carga onerosa al erario que no beneficia en nada a la sociedad. Por el contrario, la acción le representa menos recursos disponibles para utilizarse en programas de servicio.

Y si bien el costo asociado a las indemnizaciones puede precisarse en pesos y centavos, éste no es el único que se debe cubrir. Hay otro mucho más importante y que tiene que ver precisamente con la experiencia y conocimiento de aquellos que se van y aquellos que llegan para ocupar los cargos: el costo del capital humano.

Toda organización exitosa sabe que uno de sus principales baluartes lo constituye precisamente su recurso humano, es decir, su gente. Y que un buen equipo humano puede y en muchas ocasiones es mucho más valioso que la inversión que pueda tenerse en maquinaria y equipo. Entonces, ¿Cómo explicar que uno de los primeros actos de quienes habrán de conducir los asuntos de los municipios, consista precisamente en deshacerse de quienes ya cuentan con conocimiento y experiencia? Y sobre todo, ¿Por qué en un número tan elevado?

Las respuestas no tiene nada que ver con la búsqueda de mayor eficacia o eficiencia para la administración pública. Es simple y llanamente la replica a intereses partidistas que, por tradición, se aprovechan de los cambios de administración para recompensar a aquellos elementos que han sido fieles a su partido, pagar favores a algunos que han contribuido desde fuera, o simple compadrazgo y nepotismo.

Es necesario destacar que, la falta de seguridad que ha caracterizado a los empleos públicos en nuestro país si bien no es un justificante de los actos de corrupción que se dan, si ayudan a explicar aunque sea de manera parcial el porqué se cometen.

De existir el servicio civil de carrera, muchos de estos problemas serían superados y con ello, se garantizaría que las transiciones no afectaran las estructuras administrativas al grado que lo hacen hoy. Si funcionara este esquema, cada nueva administración municipal se vería limitada a efectuar alrededor de 30 cambios, siendo éstos orientados fundamentalmente para garantizar, por un lado, la continuidad y funcionamiento de las instituciones y, por otro, permitirle al gobernante electo tener en los primeros niveles de la administración personas de su confianza para implantar las políticas que hubiese considerado en su plataforma electoral.

En el ámbito federal, hay que reconocer que el presidente Vicente Fox ya hizo en este sentido lo necesario para dar mayor estabilidad a las administraciones por venir. Desgraciadamente, no ha sucedido lo mismo en las administraciones estatales y municipales.

México es un país que se caracteriza por tener más del 50% de su población en condiciones de pobreza. Los recursos que obtiene el Estado son cada día menos para atender las crecientes demandas de esta población. Bajo estas circunstancias, lo más lógico sería que las administraciones públicas buscarán aprovechar al máximo los escasos recursos con que se cuenta. El servicio civil de carrera en el estado y municipios iría en concordancia con este objetivo. Además, ayudaría a mejorar la calidad de quienes participan en los partidos políticos pues se eliminaría el incentivo de pertenecer a éstos por el sólo hecho de poder aspirar a una plaza en las administraciones públicas.

Estamos seguros que en un futuro se llevará a cabo la modernización que tanto se requiere en las administraciones estatales y munipales de la entidad. Sin embargo, mientras esto sucede, la sociedad debe exigir que los gobernantes entrantes respondan menos a los intereses partidistas y apliquen desde el inicio de sus gestiones las buenas prácticas de administración a las que se comprometieron cuando estuvieron en campaña.

Viernes 26 de noviembre de 2004.