Enrique M. Rovirosa

El miércoles 18 de los corrientes, el presidente Felipe Calderón anunció “el congelamiento” de los precios de más de 150 productos alimenticios industrializados, procesados o de conserva como resultado de un acuerdo alcanzado con la Confederación de la Cámaras Industriales (Concamin).

La acción durará hasta el 31 de diciembre e incluye diversas marcas de aceites, de frijoles preparados, de atún en lata, jugos, sopas, salsas, café con leche y otros productos básicos que, en palabras del primer mandatario, “son de enorme consumo popular”.

En el caso del aceite y de la harina de trigo, sus precios no subirán de aquí a julio o incluso hasta agosto. Y se prevé que, “si no hay aumentos indiscriminados en los insumos de estos productos”, la medida también continúe hasta diciembre.

Los dirigentes de otras organizaciones, como es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), se sumaron a este compromiso y al siguiente día anunciaron su disposición para hacer efectivo a sus clientes el acuerdo de no aumentar hasta el próximo 31 de diciembre, los precios de diversos productos de consumo generalizado, “en tanto sus proveedores los mantengan sin cambio”.

Así, pareciera que una parte del sector privado organizado tomó conciencia de la creciente inflación que ha aquejado a los alimentos en el país en los últimos meses, como consecuencia del disparo de los precios en los mercados internacionales de varios “commodities” y con ello, mostrar su solidaridad con la sociedad mexicana.

No obstante, la respuesta no fue bien recibida por todos, pues algunos la consideraron tardía y de poco impacto en el esquema generalizado de precios. Más aún, no faltó quienes la calificaran de demagógica, destacando entre éstos el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Lo primero que llamó la atención de unos fue que el Presidente se refirió a más de 150 productos, siendo que la lista que dio a conocer más tarde la propia oficina de la Presidencia, incluía sólo 24 productos desglosados en 140 presentaciones correspondientes a 34 marcas.

Por otra parte, es de sobra conocido que el aumento de los precios contemplados en el acuerdo ya se dio, sobretodo en los primeros meses del año. De ahí que no se sepa cuál es en realidad la aportación que están haciendo las empresas firmantes del acuerdo.

¿Incurrirán en pérdidas o sólo habrán de sacrificar ganancias marginales?

En caso de constituir una carga para ellas, no hay que olvidar que la experiencia indica que se generan distorsiones en los mercados que, en el mediano plazo, derivan en mayores aumentos de precios.

En este caso, el plazo fijado para mantener controlados los precios es relativamente corto, por lo que su efecto será también de poca duración. No obstante, el incremento a partir de ese momento podría ser mayor.

Un análisis realizado por Grupo Citigroup-Banamex destacó que el listado de productos incluidos en el acuerdo tiene un peso de tan sólo de 0.8% en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Agrega que únicamente el jitomate tiene un peso de 0.49 por ciento en dicho indicador, es decir, más de la mitad de lo que implican los 150 productos anunciados.

Hace unas semanas, los representantes de los productores de atún enlatado señalaban que debido a las características del mercado demandante, no veían factible repercutir los costos que habían tenido sus insumos (especialmente el de la lámina) en los precios del producto, ya que la reacción de los consumidores podría significarles una fuerte disminución de sus ventas (alta elasticidad-precio). Por ello, ya habían decidido que harían los ajustes pertinentes de manera gradual.

Así, el congelamiento de precios del atún enlatado responde más una decisión impuesta por las condiciones propias del mercado y no como respaldo a las clases más necesitadas.

Aunque no se tiene información de los representantes de otros productos contenidos en la lista -respecto a las estrategias de precios que les impone el mercado como sucede en el caso del atún- las elasticidades-precio que presentan muchos de ellos así como la competencia de productos sustitutos, obliga a que sean más prudentes, tratándose de elevar los precios. Tal es el caso, al menos, de las 42 presentaciones de bebidas que se incluyen en el listado, así como las 16 de té en bolsa, y las 10 de sopas y 16 de frijoles enlatados.

En mi opinión, estas 84 presentaciones, es decir, más de la mitad de los 150 que se incluyeron en el acuerdo, en las condiciones actuales, estarían obligadas a seguir el mismo patrón que el atún, es decir, aguantar los precios bajo la premisa que de no hacerlo, correrían el riesgo de perder una participación importante del mercado, con todas las implicaciones de costos que esto conlleva.

En estas circunstancias, el acuerdo se vuelve más que ventajoso para las empresas participantes, pues podrán explotar los beneficios que ello seguramente les representará en sus próximas campañas publicitarias de “apoyo a la economía familiar”.

Por otra parte, no puede uno dejar de pensar en las posibles consideraciones de índole político detrás del acuerdo. Por un lado, está el tema del debate sobre la reforma energética y, por otro, las elecciones legislativas en el 2009.

El Ejecutivo Federal buscará por todos los medios evitar que haya condiciones que hagan ruido a las iniciativas de reformas a Pemex, en tanto no se lleven para su votación al pleno de ambas cámaras legislativas. Sería un suicidio político tener en las calles a manifestantes no sólo en contra de la reforma petrolera sino también en protesta por la carestía, pues podrían convertirse en mancuerna para desatar al México bronco que todos tememos.

Por otro lado, si bien el proceso electoral del año entrante parece distante, el PAN ya dio muestras de empezar a prepararse para ello, con los cambios de dirigencia a su interior y en el Senado. Es obvio que muchos empresarios no sólo tienen preferencias personales por este partido, sino intereses que defender por lo que les conviene que mantenga el liderazgo legislativo en el 2009.

En estas condiciones, si bien nadie puede negar que el acuerdo que anunció el presidente Felipe Calderón representa al menos un intento por mantener en línea los precios de los alimentos, tampoco puede afirmar que será una solución. Surgen dudas también respecto a las razones para emprender una política de “controles voluntarios de precios” junto a subsidios generalizados a los energéticos, sobre todo de un gobierno que emana de un partido que siempre ha pugnado por menos intervención del Estado y que los apoyos estén dirigidos a quienes más los necesitan.

Sábado, 21 de junio de 2008.