Enrique M. Rovirosa

Desde hace algunos años, varios países han adoptado medidas de vigilancia y control que ponen en serio riesgo las garantías individuales no sólo de sus ciudadanos sino los del resto del mundo, bajo el pretexto de mejorar la “seguridad nacional” y “combatir el terrorismo”.

En los Estados Unidos de América (EUA), a raíz de los ataques de septiembre 11 del 2001, el Presidente George W. Bush autorizó secretamente a la Agencia de Seguridad Nacional (National Securtiy Agency) escuchar y grabar conversaciones y correos electrónicos de ciudadanos estadounidenses, sin necesidad de solicitar las órdenes aprobadas por el Poder Judicial que exige la Constitución. Después de múltiples denuncias y serias discusiones en torno a este asunto, el mandatario estadounidense finalmente lo admitió en 2005. Esto, junto con un serie de acciones sucesivas, dio lugar para que en 2007 el Poder Legislativo cediera a las presiones del Ejecutivo y aprobara cambios a la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (Foreign Intelligence Surveillance Act), misma que establece que las actividades de espionaje serán ejecutadas en empresas de telecomunicaciones con sede en ese país. Asimismo, que los contactos que establezcan extranjeros por medio de líneas o centrales estadounidenses podrán ser intervenidos por las agencias norteamericanas respectivas.

Por otra parte, vale mencionar que desde hace años existe una red de espionaje denominada Echelon, misma que controlan los EUA, Canadá, Gran Bretaña, Australia, y Nueva Zelanda. Esta tiene la capacidad de interceptar comunicaciones por radio y satélite, llamadas telefónicas, faxes y correos electrónicos en casi todo el mundo. Se estima que con ella se interceptan más de tres mil millones de comunicaciones cada día y que, además de sus fines militares, es utilizada para espiar a ciudadanos comunes.

En este contexto, hay un temor fundado de que los sistemas que almacenan vastas cantidades de información acerca de la gente se utilice con propósitos diferentes de los que motivaron su creación. Y es que estas acciones se consideran como un abuso intolerable en un Estado que se jacta de ser democrático y respetuoso de los derechos humanos.

Actualmente, existen más de 40 demandas en contra del gobierno norteamericano por realizar espionaje a ciudadanos de ese país, sin que se girase orden judicial previa. Esto fue posible gracias a que un técnico de la empresa AT&T denunció que se estaban interviniendo todas las comunicaciones que llegaban al los centros de recepción y no sólo las de los extranjeros. En los procesos judiciales que siguieron, el gobierno norteamericano admitió dichas intrusiones así como el hecho de filtrarlas, clasificarlas y guardarlas. Bajo estas condiciones, muchos se preguntan: ¿Además de buscar a terroristas, qué otra información se está monitoreando?, ¿Acaso se investigan las llamadas de miembros de partidos políticos, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales? De ser así, ¿Con qué propósito?

En el caso de México, si bien el artículo 16 de la Constitución señala que las comunicaciones privadas son inviolables y establece sanciones penales a cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, es de conocimiento generalizado que las autoridades no respetan la Ley.

Documentos en el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington en los EUA, puestos a disposición del público, confirman lo que muchos denunciaron por años: que los gobiernos de los presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría colaboraron directa e intensamente con la red de espionaje estadounidense. Y que no sólo fueron dos, sino al menos tres presidentes quienes contribuyeron a la creación de una vasta red de espionaje en territorio mexicano.

El caso de la periodista Lydia Cacho, en la que se le demandó por el supuesto delito de difamación en contra del empresario Kamel Nacif Borge y el posterior escándalo político que tuvo lugar al implicar al Gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, al darse a conocer una grabación ilegal entre ambos personajes, no sólo puso al descubierto la confabulaciones y corrupción que existe en las altas esferas políticas del país, sino también fue testimonio del espionaje telefónico que se registra a diario.

En 2005, el Presidente Vicente Fox firmó la nueva Ley de Seguridad Nacional. De acuerdo con expertos en la materia, ésta legalizó el espionaje realizado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) contra particulares sospechosos de atentar contra la seguridad nacional. De hecho, consideran que “Lejos de servir de marco jurídico en la lucha contra las amenazas a la estabilidad nacional, ha resultado una coartada para legalizar espionaje telefónico, intervenir correspondencia electrónica y criminalizar a disidentes del gobierno…” Esto, gracias a que la Ley es ambigua respecto al concepto de seguridad nacional y las amenazas a ésta.

El artículo 3º. De dicho ordenamiento establece que “por seguridad nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”. Su imprecisión permite justificar acciones como son: sigilo, acciones encubiertas y negativas a las solicitudes de información, entre otras.

Por su parte, el artículo 5º define cuáles son las amenazas a la seguridad nacional. De él se desprende que cualquier persona que realice “Actos” en contra de las Instituciones representa un peligro.

Bajo este marco jurídico y la tecnología disponible, está claro que el gobierno mexicano tiene todos los elementos a favor para emprender una vigilancia estrecha y continua sobre todos y cada uno de nosotros, independientemente que ello implique infringir los derechos de privacidad consagrados en la Constitución. Y más, en estos tiempos en que las palabras adoptan el significado que quiere el gobernante en turno.

Por si lo anterior fuera poco, no debe pasar desapercibido que durante la XX conferencia nacional de procuración de justicia llevada a cabo hace unos días en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, los procuradores de los 31 estados del país, y el Distrito Federal, acordaron exigir a las empresas de telecomunicaciones adquirir equipos de intervención telefónica con el propósito de combatir a la delincuencia organizada, secuestros y la extorsión telefónica. También señalaron que propondrán a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), que el cumplimiento de éstos u otros requisitos de avance tecnológico, sea esencial para la obtención de nuevas concesiones en materia de telecomunicaciones.

La noticia anterior, no llenó muchos espacios en los medios de comunicación debido a la cobertura que se venía prestando a la toma de las tribunas legislativas por el tema de la reforma energética. De igual manera, a raíz de que se diluyó la crónica entre otros temas que se abordaron en la misma reunión.

Hay que destacar que la disposición aludida tiene semejanza con los cambios que realizó Argentina en 2004 a su Ley Nacional de Telecomunicaciones. En ésta se obligaba a las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones a espiar a sus clientes y a conservar la información obtenida por un periodo de diez años, para que en un futuro esa información pudiera ser solicitada por la Dirección de Observaciones Judiciales de la Secretaria de Inteligencia de la Presidencia de la Nación. Para fortuna de los gauchos, después de la polémica que desataron los citados cambios, un juez los declaró inconstitucionales por lo que el presidente argentino, Néstor Kirchner, ordenó derogarlos.

En mi opinión, es probable que los procuradores mexicanos tuvieron conocimiento del caso argentino así como de los argumentos que señalaban que además de dar lugar a suspicacias, vulneraba los derechos civiles. De ser así, no me explico cómo pudo darse consenso unánime en este tema tan delicado.

Desconozco si la SCT o la Cofetel tienen atribuciones para ordenar que las empresas sigan las recomendaciones de los procuradores. No obstante, para quienes gustan de las teorías conspirativas, este contexto permite dar rienda suelta a la imaginación, pues tal pareciera que se sigue un patrón internacional para legalizar y generalizar el espionaje oficial, aunque sea violatorio de las libertades individuales y vaya en contra de todo lo que representa la democracia. Por el bien de esta última, habrá que estar muy atentos del tema.

Sábado 26 de abril de 2008.