Enrique M. Rovirosa

El viernes 8 de febrero, a las 23:12 horas, el municipio de Mexicali fue sacudido por un fuerte movimiento telúrico de 5.4 grados en la escala Richter. Su epicentro se localizó a 26 kilómetros al Sureste de la ciudad capital, cerca de la zona donde está la falla de Cerro Prieto. Previamente, se habían reportado catorce sismos con intensidad de 0.5 a 2.1 grados Richter.

De ese día al viernes siguiente, es decir, en el transcurso de una semana, la entidad registró un enjambre cercano a 400 temblores que, como es natural, mantuvieron a la población en un estado de nerviosismo permanente.

El lunes 11 de febrero, dos de los sismos (uno en la mañana y otro por la noche) tuvieron una intensidad de 5.0 y 5.1 grados Richter, respectivamente. Esto motivó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, reunidos en el Consejo Municipal de Protección Civil, a declarar un estado de emergencia que llevó a suspender una serie de actividades diarias, afectando con ello a la mayoría de los habitantes de este municipio.

Entre dichas medidas, destacó el cierre por dos días consecutivos de las actividades escolares de todos los niveles, así como de aquellas en las que se reúnen multitudes de personas como son: funciones de cine, espectáculos artísticos y deportivos.

La medida de cesación de acciones no se hizo extensiva a restaurantes y bares.

También se interrumpieron actividades en guarderías infantiles y se evacuó el Hospital General y el edificio de oficinas federales, entre otros.

La alerta incluyó una recomendación a la ciudadanía de no utilizar los pasos a desnivel ni los puentes peatonales.

Algunas empresas pararon actividades industriales y comerciales por algunas horas y el ausentismo laboral en muchas de ellas fue más que notorio, especialmente en los dos días en que no se abrieron escuelas y guarderías infantiles.

Bajo estas circunstancias, la ciudad de Mexicali se alteró durante una semana.

Si bien todas las precauciones que pueden tomarse en situaciones de riesgo como ésta, para evitar la pérdida de vidas humanas son meritorias, la verdad es que todo indica que las autoridades gubernamentales reaccionaron de más y con ello, lamentablemente, contribuyeron a generar una psicosis por una situación de gravedad que no correspondía.

Basta decir que en las ciudades vecinas de Calexico, Brawley o El Centro, California, las autoridades norteamericanas se limitaron a emitir las alertas correspondientes en estos casos a la población así como a los servicios de protección civil, sin recurrir a ninguna suspensión de actividades como se hizo en Mexicali.

Y es que de acuerdo al Southern California Earthquake Center (Centro Sismológico del Sur de California), el enjambre de movimientos telúricos que se presentaron en el periodo si bien tenían el potencial de ocasionar daños menores, no apuntaban hacia una probabilidad alta de una sacudida mayor. Por ello, el estado de alerta para la zona no pasó de amarillo durante toda la semana.

Hay que subrayar que hasta ahora, no existe un método científico que permita predecir con exactitud cuándo, dónde y de qué magnitud habrá de presentarse un sismo por lo que la metodología probabilística del SCEC bien podría estar errada; sin embargo, es el mejor método que se tiene para informar de manera seria y objetiva a la población y con ello, evitar una situación de pánico indeseable.

En este contexto, pude afirmarse a que la alerta roja que emitió el Consejo de Protección fue excesiva y que no se analizaron detenidamente las repercusiones sociales y económicas que la disposición implicaba.

Hasta ahora, nadie ha dado a conocer un cálculo sobre el impacto económico de paralizar actividades; no obstante, es seguro que la cifra ascienda a varios millones de dólares. Cada quien en sus respectivo ámbito de actividad o negocio tendrá que absorber dicho costo mientras se regresa a la normalidad.

En mi opinión, esta experiencia no debe pasar desapercibida pues ha puesto a descubierto no sólo omisiones de quienes están para vigilar el bienestar general de la población, sino problemas de corrupción asociados a la infraestructura pública existente.

La ciudad de Mexicali está ubicada en una zona que desde hace 15 años fue catalogada como zona de peligro sísmico, es decir, que puede llegar a sufrir graves daños a consecuencia de un temblor con una magnitud de 7 ó más grados Richter.

Nuestros vecinos del norte, a raíz del estremecimiento que padeció la zona de Loma Prieta en San Francisco en 1989, han tomado conciencia de los altos riesgos a que están sujetos las zonas urbanas por donde pasa la connotada falla de San Andrés, por lo que han adoptado una serie de planes y acciones tendientes a mitigar los efectos en caso de presentarse un evento telúrico mayor.

Así, desde hace varios años, las jurisdicciones del Estado de California reformaron sus códigos de construcción para hacerlos más estrictos, a la vez que han ejecutado una serie de programas tendientes a reforzar obras de infraestructura básicas como son: escuelas, hospitales, puentes peatonales y carreteros, entre otros.

En el caso nuestro, la falta de atención en la materia resulta inquietante.

El Director de Protección Civil de Baja California reconoció que las escuelas del Estado no cumplen con los requerimientos de seguridad apropiados en caso de un sismo. Puso como ejemplo, el que muchas de ellas no cumplen con el requisito de tener puertas que abran hacia afuera.

Por su parte, el Secretario de Educación Pública en el Estado señaló que, al menos, 65 escuelas resultaron dañadas, 14 de ellas con carácter serio, lo que pone en tela de juicio el estado que guardan la mayoría de las estructuras escolares en la zona.

La evacuación del Hospital General y otros edificios públicos así como las recomendaciones de no utilizar los pasos a desnivel y puentes peatonales evidencia lo que muchos han denunciado respecto a la calidad y solidez de estas obras. Más aún, cuando muchas de ellas fueron construidas hace menos de una década, lo que presupone que debieron tomar en consideración el peligro sísmico de la región.

México es un país que se caracteriza por un alto grado de impunidad y corrupción. Esta condición, al combinarse con un movimiento telúrico mayor como el que puede llegar a presentarse en Mexicali, puede significar la diferencia entre perder cientos o miles de vidas e incurrir en pérdidas materiales que vayan de menos a una cantidad extrema.

En este contexto, resulta lamentable ver cómo decisiones que afectan la vida se toman de manera improvisada, sin consultar a las partes expertas y con claros visos de encubrir omisiones y corruptelas de administraciones públicas pasadas.

Por principio, es necesario exigir que las autoridades especifiquen el por qué decretaron una alarma roja cuando las circunstancias no lo ameritaban. De igual forma, aclaren cuál es el estado real que guardan las escuelas y los edificios públicos evacuados a efectos de implementar un plan de corrección, en los casos que así lo ameriten.

No está por demás solicitar también una revisión de los parámetros a considerar en un futuro, tratándose de la suspensión de actividades y el desalojo de edificios de alto riesgo.

Viernes, 15 de febrero de 2008.