Enrique M. Rovirosa

Años de gobiernos ineficientes y corruptos en México se ha traducido en que muchos hayamos perdido no sólo la capacidad de asombro sino el sentido de lo que está bien o mal. Aceptamos muchas veces las cosas tal y como se presentan, con resignación, sin cuestionar más si son apropiadas o si están dentro de los límites que fija la Ley. Con el paso del tiempo nuestra indiferencia crece y con ello, poco a poco perdemos derechos que costaron años de sacrificios e incontables vidas.

Los artículos 11 y 16 de nuestra Constitución Política establecen claramente que los mexicanos tenemos derecho a la libertad de tránsito por todo el territorio nacional y a no ser molestados por autoridad alguna, salvo en aquellos casos en que exista un mandamiento judicial especifico y por escrito.

Así, estos ordenamientos implican –guste o no- que los retenes militares son ilegales en México.

No obstante, el gobierno hace caso omiso de quienes nos manifestamos en contra de las revisiones, bajo el argumento que el combate a la delincuencia organizada es una prioridad nacional. De ahí que el presidente Felipe Calderón sostenga que el retorno a los cuarteles tomará “mucho tiempo” y será paulatino. Con ello, justifica violentar el Estado de Derecho bajo el manto del viejo refrán que dice: “el fin justifica los medios”. Esto, a pesar que todo mundo sabe que el mantener al ejército en las calles ha dado resultados muy limitados.

Por si fuera poco, la organización Human Rights Watch (HRW), en su reporte anual 2010 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, señaló hace unos días que el gobierno mexicano en su lucha militarizada contra el narcotráfico y el crimen organizado, comete graves violaciones a los derechos humanos. Y añade que lo hace con impunidad, cuando se trata de investigar y castigar a los soldados acusados de dichas violaciones.

Los retenes militares no sólo representan una violación a las garantías individuales y un inconveniente para los automovilistas que tienen que detenerse y ser revisados. Constituyen un elevado costo en la cadena distributiva que finalmente tenemos que cubrir los consumidores. En aquellos ubicados en Sonora y Baja California, los camiones con carga procedente del centro del país llegan a perder hasta 24 horas en sus recorridos. Y en el caso especifico del retén ubicado en la carretera Mexicali-Tijuana, los atrasos para los transportes de carga han llegado a ser de hasta diez horas.

Además de las demoras, el ejército en muchas ocasiones daña las mercancías que revisa, pues no cuenta con el equipo adecuado para ello. Los soldados que realizan los escrutinios utilizan varillas para pinchar los perecederos y otras mercancías en busca de estupefacientes.

Las filas que se forman por la lentitud en las revisiones, ha provocado también la pérdida de vidas humas. Son varios los choques de automóviles con camiones parados sobre las carreteras, debido a que no se tomaron las medidas de señalización adecuadas.

Las demoras constituyen más gastos de alimentación para los choferes, mayor uso de combustibles y prórrogas en la entrega de mercancías. Asimismo, un aumento en el número de unidades que se requieren para cumplir los pedidos.

De ahí que los primeros en protestar por las tardanzas que ocasionan los retenes sean los empresarios afectados.

Al respecto, en el caso de Baja California, las cámaras han venido pugnando para que se mejore la logística de las revisiones mediante una mayor infraestructura y uso de tecnología. Y han manifestado no estar en contra de las revisiones, pues están conscientes del cáncer que es el narcotráfico.

En este contexto, el pasado 20 del mes en curso, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en el Estado entregó al comandante de la Segunda Zona Militar, un proyecto ejecutivo elaborado por la Cámara Mexicana Industria de la Construcción (CMIC) para construir instalaciones adecuadas en el punto de Revisión Militar “El Centinela”, en el Kilómetro 42 de la carretera Mexicali-Tijuana. Con éstas, se busca agilizar la inspección y el paso de vehículos particulares, transporte público y de carga.

Se habla también de realizar un esfuerzo similar para el punto de revisión militar que opera en el tramo de la carretera Mexicali-San Felipe.

La postura y apremio del sector privado es entendible, pues requiere una solución prácitca y expedita al impacto que sufre por la estrategia gubernamental anticrimen. No obstante, en mi opinión ésta no es la más adecuada para la sociedad, pues lo que se necesita es un retorno inmediato al Estado de Derecho.

La construcción de instalaciones permanentes como se sugiere, significa aceptar que los retenes militares continúen por tiempo indefinido y, con ello, una aprobación tácita a que se sigan violando nuestras garantías individuales. Lo conducente es que se terminen las revisiones ilegales y que las autoridades busquen ser más eficaces a través de los métodos tradicionales que se utilizan para investigar y castigar el crimen en todas las democracias. Es decir, dejar de emplear tácticas autoritarias y hacer lo que se necesita hacer al interior de las corporaciones policíacas para que éstas funcionen como debe ser.

El emplear al ejército en actividades que no le son propias, lejos de resolver los problemas los complica. Por un lado, se dejan de aplicar las medidas correctivas que urgen y, con ello, se degrada más el estado de cosas. Por otro, las tropas en la calle por largo tiempo suelen convertirse en un agravante por sí mismas. Respecto a esto último, hay muchas experiencias internacionales que así lo demuestran.

Por todo lo anterior, resulta indispensable exhortar a todo aquél que se considere un verdadero demócrata a que alze la voz ante las autoridades con un rotundo ¡No a los Retenes Militares!.

Lunes, 25 de enero de 2010.